Gobierno Ollanta y los medios

El programa de Gana Perú dice lo que piensan de los medios, y lo que proponen hacer con ellos. No es nada nuevo, sino que tienen una similar visión crítica a la de gran parte de la izquierda latinoamericana.

En primer lugar, aseguran que los medios desbordaron su poder y qué están afectando la gestión de los gobiernos democráticos. Los medios serían uno más de los perversos ‘poderes fácticos’ que perjudican la calidad democrática: “La democracia es débil e incompleta. Nuestra democracia es precaria también porque está acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza, como son el caso de los militares, los gremios empresariales, los medios de comunicación masivos, las iglesias y algunos organismos internacionales, quienes a través de canales y mecanismos no institucionales ejercen niveles de incidencia pública y política, fijan las agendas políticas, organizan a la opinión pública y alcanzan niveles de participación privilegiada en la toma de decisiones y ejercicio de poder”.

Más adelante agrega la clásica identificación entre el poder mediático y el “modelo neoliberal”: “El colapso económico y estatal (producido por García a fines de los 80) y la crisis de los partidos políticos abrieron las puertas a los poderes fácticos (los organismos financieros internacionales, la inversión extranjera, la burguesía local, las FF.AA. y los medios) para reordenar la economía y el Estado en sus propios términos: la instauración de un modelo económico neoliberal extremo y de un Estado predatorio a su servicio, utilizando a los altos mandos de las FF.AA. como socio y soporte”.

Luego plantea una CRUZADA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA MORALIZAR LA POLÍTICA en la que “los medios de comunicación serán declarados aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción y una herramienta para sensibilizar a la ciudadanía”.

En un apartado específico en el que se refiere a “MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA UNA DEMOCRACIA CIUDADANA”, ofrece un interesante “breve diagnóstico”:

“En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar. Este experimento fracasó y la primera medida del gobierno democrático de Belaunde en 1980 fue devolver los medios confiscados a sus antiguos propietarios. En este contexto, nuevos actores políticos hicieron su aparición al mando de los medios de comunicación. La libertad, pluralismo y competitividad de los medios entrarían en serio entredicho en los años noventa con el régimen autoritario de Fujimori encabezado por Vladimiro Montesinos, quien llegó a comprar la línea editorial de muchos de los principales medios escritos y audiovisuales. La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Hubo en ese momento amplio apoyo de la población para retirar las licencias a aquellos operadores que desvirtuaron este servicio. En julio de 2004 se aprobó la Ley de Radio y Televisión (LRTV) sin que se establecieran mecanismos ni entidades que pudiesen hacer frente a las tendencias hacia la concentración y escaso pluralismo. Dicha ley creó el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), un órgano autónomo de carácter consultivo que produce información interesante, pero que no tiene poder alguno para regular el desarrollo de los medios. En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población”.

Y luego enumera sus “propuestas de política”:

 “Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y  social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”.

 “Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino”.

 “Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

 “Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”.

 “Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia”.

Luego, en el apartado sobre EL ROL DEL ESTADO EN LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, cuestiona a la publicidad:

“La publicidad que hoy se difunde en los medios de comunicación es engañosa y falsa; conlleva una estafa grosera a los consumidores que de buena fe y creyendo en la institucionalidad del mercado le prestan algún crédito. Son particularmente nocivas a la dignidad del consumidor la publicidad de servicios telefónicos o aquella donde las restricciones son recitadas o colocadas en pantallas sin posibilidad alguna de que el consumidor las conozca; más indignantes aún son las remisiones a centrales telefónicas o páginas web inaccesibles o que ponen información que desnaturaliza abiertamente el mensaje público. El Indecopi, encargado de regular y sancionar estas conductas, ha estado ausente y su actuación es un rotundo fracaso, incluso ha sido el promotor de que los consumidores asuman el costo de conocer las restricciones de la oferta. Asimismo, la autorregulación, promovida entusiastamente por los agentes económicos, y avalada por el propio Indecopi, es en realidad una patente para la impunidad y la vulneración de los derechos de los consumidores”.

Y, por último, en el capítulo denominado POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, se propone “Velar por una adecuada representación de los pueblos y sus culturas en los medios de comunicación”.

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