Para entender mejor la publicidad oficial

Martín Becerra es un académico clave en el debate sobre los medios en nuestro país y ahora se acaba de difundir un estudio que realizó para Poder Ciudadano sobre publicidad oficial en el país. Mi opinión es que nos ayuda a mejorar la discusión. Por supuesto, algunos querrán aprovechar para exculpar a Cristina porque otros gobiernos (Macri y Scioli) también lo hacen. Pero eso siempre ocurre. Después de disfrutar mucho su lectura, estos son mis comentarios:

· El informe recuerda que en los 21 puntos de la Coalición Democrática…hay un punto relacionado con la transparencia de la publicidad oficial. También recuerda que la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual obliga a los licenciatarios de radio y televisión a informar la pauta oficial que reciben, y que nadie les ha reclamado nada todavía.

·Es curioso lo que pasó con los decretos 444 y 445 que permitieron a todas las agrupaciones tener espacios audiovisuales, prohibiendo la posibilidad de contratar espacios adicionales. Eso favoreció al oficialismo que tenía cobertura audiovisual adicional: “la prohibición de anuncios publicitarios por fuera de la organización de espacios gratuitos funciona en los hechos como un dispositivo que posiciona siempre a los gobiernos en mejores condiciones que los partidos políticos opositores. Esto se debe a que al no existir reglas que impidan la utilización partidaria de la publicidad oficial, los gobiernos cuentan por un lado con una presencia destacada en los medios audiovisuales a través de su publicidad oficial, la que se potencia luego con el uso de los espacios que le corresponden al partido de gobierno en el marco de los espacios gratuitos de la campaña propiamente dicha”.

·Becerra hace hincapié en el rol de subsidio a la prensa que tiene la publicidad oficial. Es evidente que si ese chorro se cortara hoy, mañana el 75 % de los medios estaría en riesgo. Esa es una perversión evidente del sistema de medios en la mayoría de los países de la región. Dice el informe: “en la Argentina habría un peligro serio de subsistencia para una importante cantidad de medios de gestión privada si el Estado reorientara su política de publicidad oficial: tal vez este argumento de tipo económico también incida como disuasor de la adopción de una regulación transparente y pública”. Becerra sugiere que parte de esos fondos pueden derivar hacia específicos “subsidios públicos para la democracia”, sincerando lo que estaría ocurriendo ahora como ocurre en varios países europeos.

·Un gran aporte del trabajo es confundir un poco las cosas pues hace que, una vez que entendemos, entendamos mejor que antes. Mostrar que hay apoyos contradictorios hacia los medios desde los gobiernos, que este chorro a los medios es una de las áreas más opacas en todos los niveles del estado argentino, y que esta tendencia no tiene que ver con corrientes políticas determinadas sino que es una actitud transversal: “en abril de 2011, Poder Ciudadano (2011) envió pedidos de información pública a las 23 provincias solicitando información acerca de los gastos mensuales y la distribución de la publicidad oficial en cada distrito entre los años 2007 y 2010. Siete meses más tarde sólo había obtenido respuestas de los gobiernos de las provincias de Tierra del Fuego, Córdoba y Entre Ríos (en este último caso, sólo brindó la información en formato papel)”. Y agrega: “la relación entre gobiernos y productoras audiovisuales o de espectáculos no aparece realmente computada dentro del gasto de publicidad oficial, no obstante constituye una partida presupuestaria creciente que complejiza el vínculo entre gobiernos, medios y públicos y que induce a los periodistas a convertirse en empresarios-productores para lograr una fuente de ingresos extra a través de los anuncios gubernamentales”.

·La performance de Macri en este tema es pobre: “la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009 por unanimidad una regulación sobre publicidad oficial que prohibía el uso proselitista por parte del gobierno porteño de los recursos públicos en publicidad, pero el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó nueve de los 18 artículos de la normativa y jamás la promulgó, con lo que, a juicio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), demuestra una reticencia del Ejecutivo de la ciudad a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente y controlado” (ADC, 2010). Hoy en día, la regulación sobre publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica, como lo demuestra, además del veto a la ley, el uso de recursos por parte del Ejecutivo porteño”.

·Los lugares que definieron nuevas normas para la publicidad oficial fueron Tierra del Fuego, Morón, Alta Gracia y Bariloche.

· El informe comienza a visibilizar “campañas de promoción personal” en las que provincias compran espacios en los medios de alcance nacional como parte de la carrera presidencial del gobernador. Carlos Menem, Eduardo Duhalde y los Kirchner posiblemente invirtieron mucha plata de los ciudadanos de sus provincias para financiar sus aspiraciones presidenciales. Ahora este informe habla de la última camada de estos potenciales malversadores de fondos: Mario Das Neves, Alberto Rodríguez Saa, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, José Alperovich, Jorge Sobisch y Sergio Massa. Seguramente Macri y Scioli también deberían esta en esta lista.

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