Para seguir entendiendo a Rafael Correa, presidente del Ecuador, es muy útil su «carta abierta» del 27 de febrero del 2012, aunque fue un discurso oral, donde retira su demanda contra el diario El Universo y sus periodistas.
Las partes conceptualmente más jugosas fueron las siguientes:
– «En este proceso hemos aprendido mucho, sobre todo acerca de hasta dónde llegan los tentáculos de este poder que se ha creído omnímodo y por encima de las leyes, poder que antes de nuestro gobierno no necesitaba mostrarse de cuerpo entero porque bastaban un par de titulares para arredrar a cualquiera».
– «Se ha hablado de que no se siguió el debido proceso, y probablemente tienen razón, ya que lo «debido» hasta hace poco en Ecuador era que los jueces temblaran y se sometieran a la presión mediática. Se ha hablado de dictadura, y nuevamente tienen razón, porque en Ecuador existe un Gobierno con una impresionante legitimidad democrática que ha tenido que enfrentar la dictadura de los medios de comunicación».
– «La lucha entre el estado de opinión contra el estado de derecho, la dictadura mediática versus la verdadera democracia»
«¿el derecho a la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos, o esto solo refleja tan solo la hegemonía del capital que esta detras de los negocios dedicados a la comunicación? Como experto económico, esto ya lo he visto. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales, que se presentó como avance científico y civilizatorio, no era otra cosa que formas de garantizar los privilegios del capital financiero».
– «Se evidenciaron los grandes sesgos de la CIDH, Comisión que tiene más bien la característica de una ONG, y no de una institución jurídica. La legalidad es secundaria. Así, asumen cruzadas reales o imaginarias. El Estado, las autoridades públicas, siempre son los enemigos. Los periodistas, los medios, siempre son las víctimas y perseguidos, sin alcanzar a entender que cualquier poder es capaz de atentar a los Derechos Humanos, entre ellos el poder informativo». (….). «En definitiva, con su espíritu de ONG la CIDH pretende que los Estados siempre sean sospechosos, las autoridades públicas tengamos menos derechos humanos que los demás ciudadanos, y los periodistas y medios no tengan ni siquiera responsabilidad ulterior, todo lo cual atenta expresamente contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es lo vinculante para los Estados, y no, repito, las opiniones de la CIDH».
– «¿Que hay que despenalizar la injuria? Con gusto debatamos, pero sin imposiciones, y podemos condicionarlo a que EEUU elimine la pena de muerte, ya que molesta bastante la doble moral. Pero no nos engañemos, en realidad el mensaje es que no se puede enjuiciar a un periodista o a un medio de comunicación».
-«Otro punto importante, la idea de que los funcionarios públicos tenemos que aceptar más críticas, mayor escrutinio. ¿Quién puede estar en contra de algo tan obvio? Pero, ¿significa aquello que tenemos que aceptar injurias, ataques a nuestra honra?, ¿dónde establece aquello la Convención? Si lo dijera, sería discriminatorio y socialmente torpe, porque solo los peores, los que no tienen nada que perder, vendrían a la función pública».
– «Esta lucha nos ha permitido evidenciar un inmenso y fundamental espacio, donde no han estado presentes los Estados, y que ha sido delegado a funcionarios que claramente han extralimitado y distorsionado sus funciones, influenciados por países hegemónicos, fundaciones financiadas por los propios medios de comunicación, y el gran capital detrás de los negocios de comunicación social».
– «Tenemos que aprender del presente y de la historia, luchar por una verdadera comunicación social en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla, donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para ponerla a nombre de empresas fantasmas en Islas Caimán».
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