Gobierno Ollanta y los medios

El programa de Gana Perú dice lo que piensan de los medios, y lo que proponen hacer con ellos. No es nada nuevo, sino que tienen una similar visión crítica a la de gran parte de la izquierda latinoamericana.

En primer lugar, aseguran que los medios desbordaron su poder y qué están afectando la gestión de los gobiernos democráticos. Los medios serían uno más de los perversos ‘poderes fácticos’ que perjudican la calidad democrática: “La democracia es débil e incompleta. Nuestra democracia es precaria también porque está acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza, como son el caso de los militares, los gremios empresariales, los medios de comunicación masivos, las iglesias y algunos organismos internacionales, quienes a través de canales y mecanismos no institucionales ejercen niveles de incidencia pública y política, fijan las agendas políticas, organizan a la opinión pública y alcanzan niveles de participación privilegiada en la toma de decisiones y ejercicio de poder”.

Más adelante agrega la clásica identificación entre el poder mediático y el “modelo neoliberal”: “El colapso económico y estatal (producido por García a fines de los 80) y la crisis de los partidos políticos abrieron las puertas a los poderes fácticos (los organismos financieros internacionales, la inversión extranjera, la burguesía local, las FF.AA. y los medios) para reordenar la economía y el Estado en sus propios términos: la instauración de un modelo económico neoliberal extremo y de un Estado predatorio a su servicio, utilizando a los altos mandos de las FF.AA. como socio y soporte”.

Luego plantea una CRUZADA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA MORALIZAR LA POLÍTICA en la que “los medios de comunicación serán declarados aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción y una herramienta para sensibilizar a la ciudadanía”.

En un apartado específico en el que se refiere a “MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA UNA DEMOCRACIA CIUDADANA”, ofrece un interesante “breve diagnóstico”:

“En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar. Este experimento fracasó y la primera medida del gobierno democrático de Belaunde en 1980 fue devolver los medios confiscados a sus antiguos propietarios. En este contexto, nuevos actores políticos hicieron su aparición al mando de los medios de comunicación. La libertad, pluralismo y competitividad de los medios entrarían en serio entredicho en los años noventa con el régimen autoritario de Fujimori encabezado por Vladimiro Montesinos, quien llegó a comprar la línea editorial de muchos de los principales medios escritos y audiovisuales. La transición democrática de 2001 no fue aprovechada por los gobiernos de Paniagua y Toledo para revisar las concesiones de frecuencias de transmisión a aquellos empresarios de la radio y televisión peruana que convirtieron un servicio público en un servicio particular. Hubo en ese momento amplio apoyo de la población para retirar las licencias a aquellos operadores que desvirtuaron este servicio. En julio de 2004 se aprobó la Ley de Radio y Televisión (LRTV) sin que se establecieran mecanismos ni entidades que pudiesen hacer frente a las tendencias hacia la concentración y escaso pluralismo. Dicha ley creó el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), un órgano autónomo de carácter consultivo que produce información interesante, pero que no tiene poder alguno para regular el desarrollo de los medios. En la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios), lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población”.

Y luego enumera sus “propuestas de política”:

 “Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y  social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”.

 “Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino”.

 “Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

 “Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales”.

 “Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia”.

Luego, en el apartado sobre EL ROL DEL ESTADO EN LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, cuestiona a la publicidad:

“La publicidad que hoy se difunde en los medios de comunicación es engañosa y falsa; conlleva una estafa grosera a los consumidores que de buena fe y creyendo en la institucionalidad del mercado le prestan algún crédito. Son particularmente nocivas a la dignidad del consumidor la publicidad de servicios telefónicos o aquella donde las restricciones son recitadas o colocadas en pantallas sin posibilidad alguna de que el consumidor las conozca; más indignantes aún son las remisiones a centrales telefónicas o páginas web inaccesibles o que ponen información que desnaturaliza abiertamente el mensaje público. El Indecopi, encargado de regular y sancionar estas conductas, ha estado ausente y su actuación es un rotundo fracaso, incluso ha sido el promotor de que los consumidores asuman el costo de conocer las restricciones de la oferta. Asimismo, la autorregulación, promovida entusiastamente por los agentes económicos, y avalada por el propio Indecopi, es en realidad una patente para la impunidad y la vulneración de los derechos de los consumidores”.

Y, por último, en el capítulo denominado POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, se propone “Velar por una adecuada representación de los pueblos y sus culturas en los medios de comunicación”.

Límites a la «diversidad y pluralismo» (informe de Amarc 2010)

Amarc, la principal organización de radios comunitarias del mundo, publicó el Informe Anual Diversidad y Pluralismo en la Radiodifusión, 2010,  sobre América Latina, donde se analizan país por país los aspectos más relevantes.

Menciona la revalorización, que recorre la región, del rol político mediático: «en la actualidad la disputa por el poder político pasa necesariamente por la repartición del espectro radioeléctrico utilizado para el manejo de las agendas informativas y por lo tanto políticas» (p. 7).

Esto lleva a que en prácticamente todos los países de la región se esté discutiendo una nueva legislación, o ya se aprobó.

Enfatiza que “lo que estamos presenciando es la multiplicidad de servicios pero no de voces“ (p. 95)  y da como ejemplos a dos países:  «En algunos países, como México y Chile, los gobiernos se congracian con las grandes corporaciones mediáticas mediante acciones de facto que les otorgan el nuevo dividendo digital, y dan como explicación pública que se trata de asuntos “técnicos y de desarrollo para una industria moderna”, pasando por alto los estándares mínimos para garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión y el desarrollo, especialmente para los sectores más excluidos del proceso de la comunicación» (p. 8).

Y dice luego: «México es uno de los países con mayor concentración de medios de comunicación en pocas manos, especialmente en la televisión. De las 461 estaciones de televisión comercial, el 94% son propiedad de dos compañías, de las cuales el 56% corresponde a Televisa y el 28% a Televisión Azteca. Cada una de esas dos empresas tiene dos canales nacionales y Televisa posee, al mismo tiempo, un sistema de repetidoras adicionales con las que puede articular una tercera cadena nacional.  (En Chile) también la concentración de la propiedad de los medios radiales es evidente. El grupo español Prisa es dueño de 6 de las 10 emisoras con mayor audiencia en el país, las cuales tienen el vencimiento de la concesión en 2010, sin embargo los radiodifusores chilenos se oponen a que el gobierno se las renueve».

Un resúmen rápido de limitaciones es el siguiente:

– En Chile:  » La ley sólo permite menciones publicitarias, restringiendo el mercado de anunciantes a aquéllos ubicados en la zona de cobertura permitida (la comuna), de manera que las radios comunitarias no podrán acceder a campañas de bien público nacionales o internacionales. Asimismo prohíbela publicidadelectoral»

– En Paraguay: «existe una reacción desproporcionada de los sectores empresariales de la comunicación, con respecto a la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación con fines sociales, ya que objetan que se destinen recursos a los medios comunitarios dada que están determinadas en la ley como “sin fines de lucro”, definición que, según su criterio, no permitiría recibir fondos de entes públicos».

– En Brasil: «La Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria (Ley 9.612/98) prohíbe a las emisoras la transmisión de publicidad, la sanción por emitirla puede ser la revocación de la licencia y multas para quien se anuncie. Como consecuencia de esta restricción los partidos políticos y las organizaciones religiosas aprovechan para introducirse en estos medios a través de la dotación de recursos para cubrir los gastos de operación, poniendo en riesgo su autonomía e independencia».

– En México: «persiste la prohibición de que los medios sin fines de lucro, comunitarios y públicos accedan a publicidad comercial y oficial».

-En El Salvador: «la regulación jurídica actual continúa siendo excluyente, las radios comunitarias solo cuentan con tres frecuencias para operar. La figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico no ha cambiado en la Ley de Telecomunicaciones, por lo que sólo quien tiene poder económico puede ejercer su libertad de expresión a través de la radiodifusión. Los medios comunitarios se mantienen hasta el momento con una sola frecuencia que se tienen que repartir entre las 21 emisoras congregadas en ARPAS».

– En Brasil: «No tienen ninguna protección legal contra posibles interferencias por parte de las radios comerciales, al estar en potencias tan bajas y con una única frecuencia. La legislación prevé sanciones solamente para las emisoras comunitarias que interfieren a emisoras comerciales pero no al revés, denotando claramente discriminación y violación a la igualdad ante la ley (p. 71)».

Como ya hemos dicho varias veces, lo relevante no es la ley, sino lo que el Estado hace con la ley:  «La correcta integración y función del órgano regulador es clave para hacer posible la pluralidad y la diversidad. Podemos contar un excelente marco normativo, pero si la autoridad de aplicación no tiene las condiciones antes mencionadas, especialmente la autonomía respecto de los poderes gubernamentales y económicos, es muy posible que la aplicación de la ley no funcione correctamente (p. 85)».

El caso Venezuela me interesó especialmente. Sobre el dicen estas cosas:

– «El principal problema sigue siendo la ausencia de claridad en los criterios de la norma, pues da una amplia capacidad discrecional a las autoridades para la autorización de frecuencias, lo que puede derivar en el uso político por parte del gobierno para beneficiar a solo algunos, contraviniendo así los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley (p. 74)».

– «El caso más controvertido es Globovisión: hasta mediados de 2009, acumulaba 55 procedimientos sancionatorios (que van desde el decomiso de equipos de transmisión hasta juicios por presunta apología de delitos, incluyendo acusaciones por publicidad subliminal y llamados a delinquir), ejecutados por Conatel bajo la administración del presidente Chávez» (p. 90).

– Sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (LRSTME): «En cuanto a los contenidos hay algunos tipos de infracción que no cumplen con los requisitos del sistema interamericano tales como la “zozobra”.