Hay partidos políticos que todavía funcionan como tales. En España hay varios. Uno de ellos es el histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Entre el 8 y el 10 de noviembre del 2013 se reunió su congreso anual y emitieron un documento que fue trabajado durante varios meses por la militancia y también online. Se llama «Ganarse el Futuro», y acá reseñaremos lo que tiene que ver con el periodismo.
En general, analiza al sistema de medios como económicamente en crisis, con dificultades para llegar a sus audiencias, con una propiedad demasiado concentrada y en manos de corporaciones, muy polarizado políticamente y con una profesión periodística jaqueada.
Utilizan el marco conceptual de la «sociedad de la comunicación» que engloba «conceptos como el de la sociedad del conocimiento o de la información» (1614)
«La información veraz es hoy en día uno de los bienes públicos, si no el bien público, de mayor importancia para garantizar el acceso a un gran número de bienes y servicios, para hacer posible la comunicación entre personas de manera rápida y fluida, como paso para llegar al conocimiento y para participar en la toma de decisiones. Nunca como ahora ha sido más cierta la frase “la información es poder”.
En ese contexto está la afirmación más rotunda del informe: «Hoy en día la pérdida de peso social de los periodistas es evidente.De un lado los medios tradicionales desde los que el periodista manifestaba su presencia compiten con nuevos flujos informativos; de otro, en el interior de dichos medios las redacciones pierden autonomía para establecer los guiones de la información».
El PSOE evalúa que ese espacio de mediación e influencia que tenían los periodistas ahora es ocupada por poderes fácticos:
«La realidad es que, donde la mediación tradicional pierde espacio, el hueco vacante lo ganan, no los ciudadanos, sino fundamentalmente las grandes corporaciones. Por muy difícil que sea conseguir mediadores independientes, su ausencia dibuja un camino mucho peor, sujeto a intereses espurios de los grandes intereses políticos y económicos».
Y agrega: «la desintermediación informativa no tiene por qué llenarse con un supuesto rigor nacido del periodismo ciudadano sino por el predominio de las fuentes institucionales ligadas a las grandes corporaciones económicas y su capacidad para condicionar mensajes desde su doble condición de suministradores de noticias y potentes inversores publicitarios».
Frente a eso, el PSOE propone fortalecer la profesión periodística mediante un cambio en la legislación laboral que «potencie los consensos internos en las empresas periodísticas», y también mejorar «la formación de los periodistas». Sobre la enseñanza universitaria agrega que «la demanda laboral es claramente inferior a la oferta, especialmente en lo referido a puestos de trabajo en perfiles tradicionales, como el de redactor, reportero gráfico o locutor». También sostiene que «es necesario establecer un sistema de derechos y deberes que distingan entre profesionales y ciudadanos».
Sobre los dueños de los medios dicen: «esta estructura de los medios centrada en el poder de unos pocos grupos que controlan el escenario y el mercado conlleva consecuencias nefastas para la democracia». Para corregir esta estructura el PSOE propone:
-«actuación decisiva por parte de los poderes públicos que contribuyan a la protección de los pequeños proyectos empresariales o comunitarios, así como una regulación de los conflictos de interés (por ejemplo exclusión de grupos financieros del accionariado)».
-«desarrollar nuevos modelos de negocio multimodales»
– Cambios en el marco legal: «modificaciones legales son urgentes y debiéndose imponer restricciones a la propiedad cruzada de los medios de comunicación – prensa, radio y televisión —y de otros servicios conexos o vinculados, caso de los servicios de internet— para evitar que empresas o grupos ejerzan una influencia preponderante en la formación de la opinión individual y de la opinión pública».
Después analiza a la prensa escrita y a la audiovisual.
Recuerda que los ingresos publicitarios se han reducido a la mitad desde el 2007, y luego propone «fijar un marco de ayudas al sector de la prensa, dada su función constitucional como vehículos de uno de los derechos fundamentales de los españoles» (artículo 20.d de la Constitución: A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades).
Las ayudas que proponen, seguramente inspirados en el modelo francés, pero menos radicales, son:
1) el aplazamiento de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social y su fraccionamiento, permitiendo a las empresas fraccionar el pago de las cuotas de Seguridad Social ya devengadas, facilitando el ingreso en un período
razonable de tiempo
2) la promoción de líneas de crédito y ayudas financieras del Instituto de Crédito Oficial, ICO, específicamente diseñadas para este sector, tanto para
empresas como para autónomos;
3) el establecimiento de líneas de subvenciones y préstamos reembolsables para la renovación tecnológica del sector;
4) ayudas dentro de la tipología de proyectos de I+D+i orientados al desarrollo de productos y servicios digitales nuevos o, sustancialmente mejorados y la mejora de su eficiencia energética;
5) la elaboración de planes sectoriales de promoción de la industria editorial en el exterior. Por último, las ayudas deben alentar también fórmulas de cooperativismo entre periodistas despedidos y otras fórmulas para garantizar el pluralismo.
Sobre el sector audiovisual, describe que «el mercado ha sufrido una doble fragmentación; en la oferta, tanto de contenidos como de soportes, y en la audiencia».
Y considera que todavía el Partido Popular y sectores conservadores quieren terminar con la televisión pública, por lo que hay un riesgo de continuidad y pluralismo en esos medios.
A internet le dedican un capítulo del informe. En primer lugar, resaltan que la cobertura de banda ancha alcanza al 98 % de la población. Le dan una enorme importancia a su desarrollo, como fueron en su momento los ferrocarriles y las carreteras.
Toman una posición firme: «Sin la Neutralidad de la Red garantizada
será el propietario de la infraestructura quien controlará qué información y de
qué manera le llega a la ciudadanía, y podrá discriminar el acceso a contenidos por un simple interés económico. La neutralidad de la red es y será para los socialistas irrenunciable».
Por último, entre el catálogo de ciberderechos que tiene un ciudadano en la red, incluyen el «derecho al olvido, transcurrido un tiempo, respecto a aspectos específicos de la vida y el comportamiento de los ciudadanos».
Por último, en varias partes del informe proponen la creación de un Consejo de la Sociedad de la Comunicación, que supervisaría y analizaría en forma integral todas las facetas de lo que fueron analizando, desde la formación de periodistas hasta las regulaciones de internet.
periodismo y democracia en américa latina (y resto del mundo) 